La Generalitat niega que se haya suspendido la actividad de la Fundación vinculada al Grup 100%

El mismo comunicado señala que el día 12 de julio del 2005, el protectorado de la Generalitat recibió un escrito donde se denunciaban presuntas irregularidades en la gestión de la fundación y que a raíz de la denuncia "llevó a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, el conocimiento y la comprobación de la comisión de las irregularidades denunciadas". De acuerdo con el mismo comunicado, el protectorado instó una acción judicial en la cual se solicitaba la disolución de la entidad y la suspensión cautelar de los patrones "dado que se detectaron presuntas irregularidades en relación a los criterios de destino de las ayudas que constituye la actividad fundacional". Y añade que "a fecha de hoy este protectorado no tiene constancia de que se haya dictado ninguna resolución firme en relación a las peticiones formuladas en vía judicial". Pese a esto, la Generalitat esconde el hecho, puesto que existe una primera sentencia judicial que le niega la suspensión cautelar y le obliga a pagar los gastos judiciales.

Sentencia contra la Generalitat, que tiene que pagar las costas judiciales

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Tarragona dictaminó, el pasado 30 de octubre de 2006 que la demanda presentada por la Generalitat de Catalunya, según la cual pedía medidas cautelares que implicaban la suspensión de los patrones y el nombramiento de un administrador judicial para la Fundació Foment dels Mitjans de comunicació en Català, quedaba desestimada e imponía las costas procesales a la parte demandante, es decir, a la Generalitat.

La sentencia, dictada por el titular del juzgado, Manuel Díaz Muyor, podía ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Tarragona y de momento todavía no hay ninguna resolución al respecto.

Pese a que el departamento de Justicia hubiera recalcado en el comunicado emitido ayer que no existe ninguna sentencia firme, la emitida por el Juzgado de Primera Instancia núm 7 de Tarragona lo es a todos los efectos, y no se puede obviar que en la misma se desestima la petición de la Generalitat de aplicar medidas cautelares que impliquen la suspensión de la actividad de la Fundació.